Washington, D.C. - En el marco del mes del orgullo LGBTI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de la región a adoptar medidas concretas para poner fin a la violencia, discriminación y a la exclusión social, cultural y económica en contra de estas personas.
En los últimos años, la Comisión ha recibido información sobre diversos
avances en la región que buscan garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las personas LGBTI. En el ámbito cultural, por ejemplo, se han inaugurado iniciativas que visibilizan la diversidad sexual y de género, promocionando espacios para la expresión artística de las experiencias LGBTI. En el ámbito educativo, diversos Estados de la región han desarrollado manuales contra el acoso escolar (bullying) o políticas que garantizan el respeto del nombre social y la identidad de género de las personas trans.
En el sector laboral, existen reformas que buscan
incentivar la contratación de personas trans, así como
avances jurisprudenciales en materia de seguridad social. En cuanto al acceso a la salud, diversos Estados han avanzado políticas públicas inclusivas que buscan asegurar un adecuado acceso a los servicios sanitarios de estas personas, incluyendo propuestas para prevenir la violencia medica contra
personas intersex.
No obstante, persisten desafíos que requieren atención urgente para garantizar los derechos de las personas LGBTI, como lo son los actos de discriminación y violencia. Entre los desafíos observados, por ejemplo, se encuentran la restricción de materiales de enseñanza sobre diversidad sexual y de género en las escuelas; discriminación en el sector salud y empleo, incluyendo retrocesos en cuanto a cupos laborales para personas trans y de género diverso. En cuanto a los derechos ambientales, estudios advierten particular vulnerabilidad de las personas LGBTI en el contexto del cambio climático en aquellos Estados con mayor susceptibilidad a los efectos de la crisis ambiental.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (
Protocolo de San Salvador) establece, entre otras, las obligaciones de los Estados entorno a garantizar la participación las personas en la vida cultural y artística de la comunidad, y a orientar la educación hacia el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Además, establece la obligación de adoptar medidas para garantizar condiciones laborales justas y de trabajo digno para todas las personas, así como la obligación de garantizar el derecho a la salud, incluidas la salud física, mental y social, facilitando el acceso de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, lo cual incluye a las personas LGBTI.
En este contexto, se requiere que los Estados desarrollen legislaciones y políticas públicas, basadas en derechos humanos, que garanticen el acceso a los DESCA sin discriminación, y que pongan fin a las dificultades del acceso a la educación, empleo, salud y servicios de seguridad social y así rompan con la pobreza de las personas LGBTI con mayor vulnerabilidad.
La CIDH manifiesta su disposición de colaborar con los Estados y la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, incluyendo el acceso a los DESCA como parte de las medidas integrales de prevención de la violencia y discriminación por prejuicios.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
CIDH Comunicado de presa No. 150/24 Washington, D.C 28 Junio 2024
