Una vez más, podemos celebrar avances en la despenalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, permitiendo que más personas LGBTIQ en nuestra región puedan vivir vidas dignas, sin miedo a la persecución judicial, progresivamente reduciendo el estigma social y con respeto a su vida privada.
También celebramos que siga avanzando la ratificación de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, un instrumento clave para lograr mejores niveles de respeto hacia las personas de muchos grupos sociales históricamente vulnerados. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el preocupante clima de intolerancia que es alentado por los discursos de odio. Estos discursos son aún más preocupantes cuando provienen de personas con responsabilidades públicas, como son personas funcionarias, periodistas y líderes de la política y del ámbito social.
Los discursos de odio socavan la democracia, poniendo en cuestión algunos de sus valores y principios fundamentales. Se traducen en acciones, como se evidencia en los aumentos registrados de la violencia en varios países de la región por prejuicio contra las personas LGBTIQ, incluyendo los asesinatos. Los discursos de odio convertidos en políticas estatales tienen como efecto la desarticulación o el desfinanciamiento de instituciones, mecanismos y políticas públicas que abordan las violencias de género o por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. El problema se ve amplificado por las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, que además son un terreno para el hostigamiento y la violencia en línea.
Es necesario preservar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y que los Estados tomen medidas efectivas para garantizar y promover los derechos humanos. Llamamos a los Estados a poner especial atención en revertir la exclusión estructural que padecen las personas trans. La falta de reconocimiento legal a su identidad de género impacta muy negativamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también en sus derechos civiles y políticos, dificultando el ejercicio básico de las democracias, que es la participación en votaciones. También queremos remarcar que crece en la región la vulneración de derechos de la niñez. Las familias LGBTIQ se forman de diversas maneras y merecen el mismo respeto y garantías que todas las demás familias, incluyendo su reconocimiento legal.
En los últimos años se ha constatado el aumento de las personas desplazadas en condiciones de precariedad que huyen de sus países de origen y acogida debido a la violencia estructural y sistemática con motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género. La vida de las personas LGBTIQ en situación de movilidad humana en nuestra región, ya sea como migrantes, personas en situación de refugio o solicitantes de asilo debe ser protegida. En el 40° aniversario de la Declaración de Cartagena instamos a los Estados a sumarse a aquellos que ya le han dado una interpretación progresiva buscando abarcar la protección de las personas LGBTIQ.
Por último, queremos destacar y valorar a las personas activistas y organizaciones de la región, que muchas veces enfrentan situaciones difíciles y asumen grandes riesgos en su trabajo para promover los derechos humanos.
OEA Comunicado de Prensa C-041/24 - 01 Julio 2024
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