Donald Trump fue reelegido presidente en medio de una ola de ataques contra mujeres y personas transgénero. Políticos anti-transgénero gastaron más de $215 millones en anuncios que utilizaron a las personas trans como chivo expiatorio y promovieron la agenda del Proyecto 2025, que amenaza con revertir los derechos reproductivos y castigar a quienes se aparten de roles de género arcaicos. En su primer día de regreso en el cargo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva de gran alcance que exige a las agencias federales discriminar a las personas transgénero, negando su identidad y amenazando la libertad de autodeterminación y expresión para todos.
En 2020, la Corte Suprema emitió un fallo de 6-3 en el caso Bostock v. Clayton County, afirmando que discriminar a alguien por ser LGBTQ constituye discriminación por sexo según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El juez Neil Gorsuch, escribiendo en nombre de la mayoría, declaró: “es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a ese individuo en función de su sexo.” Trump también revocó una orden ejecutiva emitida por el expresidente Joe Biden que instruía a las agencias federales a hacer cumplir este fallo en todas las leyes que prohíben la discriminación por sexo.